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Juez niega tutela que buscaba esclarecer cuánto dinero recibió la fundación de la primera dama

schedule4 min de lectura Hace 2 semanas
Foto: Presidencia

El Juzgado 38 de Familia de Bogotá negó la tutela presentada por el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, con la que buscaba obtener respuestas sobre los recursos recibidos por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización presidida y fundada por la primera dama Ana Lucía Pineda y vinculada a la campaña de donaciones para atender a los damnificados del terremoto del 10 de agosto.

La acción judicial había sido presentada después de que Ocampo denunciara que la Presidencia no respondió un derecho de petición radicado el 24 de agosto. Entre las preguntas estaba cuánto dinero había recaudado la fundación, cuál había sido la destinación de esos recursos y qué mecanismos de control o auditoría se habían aplicado. La tutela fue admitida el 22 de septiembre por el mismo juzgado.

Según el senador, durante el trámite judicial la Presidencia respondió sin resolver el punto central de su solicitud y dedicó parte de su argumentación a cuestionar la imparcialidad de la jueza con base en publicaciones realizadas desde su cuenta personal de X. Ocampo sostiene que ese planteamiento no responde a la pregunta sobre los recursos recaudados y anunció que impugnará la decisión.

El congresista también cuestionó que, de los cuatro accionados, únicamente el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República hubiera presentado una respuesta, mientras que, según su denuncia, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, Ana Lucía Pineda y el Ministerio de Hacienda no habrían entregado información sobre el monto de las donaciones.

El caso tiene especial relevancia porque la fundación fue uno de los canales habilitados para recibir aportes económicos destinados a la emergencia. Inravisión, por ejemplo, publicó oficialmente los datos de la cuenta de ahorros de Colombia Luz y Sonrisas junto con los de la Corporación Minuto de Dios y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, como opciones para realizar contribuciones económicas a los damnificados.

La propia Fundación Colombia Luz y Sonrisas señala actualmente que fue constituida mediante documento privado el 20 de marzo de 2026 e inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 7 de julio. También identifica a Ana Lucía Pineda como presidenta y fundadora y afirma que su campaña de donaciones busca canalizar ayudas hacia las familias afectadas por el terremoto.

La organización asegura además que cuenta con mecanismos de transparencia y que publica información sobre lo recibido, las compras realizadas y las entregas efectuadas. En su página institucional afirma que los aportes se destinan a sus programas y que cada donación genera un certificado tributario. Sin embargo, la discusión planteada por Ocampo apunta específicamente a conocer cuánto dinero ingresó a la fundación en el marco de la campaña de atención a la emergencia y cuál fue su destinación.

La controversia se extiende al papel del Gobierno en la promoción de esas donaciones. La campaña “Colombia, un solo corazón” incluyó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas entre los canales para canalizar recursos destinados a la emergencia. La Fundación también informa que actualmente trabaja en alianzas para la reconstrucción de colegios y centros de salud afectados por el terremoto.

Ocampo sostiene que la pregunta sobre los recursos no es una disputa política sino un asunto de transparencia frente a quienes realizaron aportes para ayudar a las víctimas. Por eso, tras la negativa de la tutela, anunció que impugnará el fallo y que presentará un nuevo derecho de petición directamente ante la Fundación para solicitar información sobre el dinero recibido, su utilización y los mecanismos de auditoría.

La negativa de la tutela no cierra la controversia sobre los recursos. El senador insiste en que todavía no existe una respuesta pública que permita establecer, según su denuncia, cuánto dinero recibió la fundación en donaciones para la emergencia y cómo fueron administrados esos recursos. La discusión queda ahora trasladada nuevamente al terreno de las solicitudes de información y al control político que Ocampo anunció que continuará ejerciendo.