De la Espriella nombra empresarios para administrar el Fondo Milagro

El Fondo Milagro, creado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, comenzará a operar con un primer billón de pesos y tendrá en su Consejo Directivo a empresarios y dirigentes gremiales escogidos como representantes del Presidente de la República.

La junta anunciada por el Gobierno estará integrada por Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; el empresario Arturo Calle y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia. A ellos se suma Jaime Andrés Uribe Tamayo, empresario antioqueño designado como gerente del Fondo.

La composición toma relevancia por la estructura establecida en el Decreto 1379 de 2026. La norma determinó que el Consejo Directivo estará compuesto por ocho integrantes, cinco de ellos representantes del Presidente, además de un delegado del Departamento Nacional de Planeación, uno del Ministerio de Hacienda y uno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aunque este último tendrá voz pero no voto. El propio Presidente designará cuál de sus representantes presidirá el Consejo.

Ese Consejo no tendrá una función meramente consultiva. Entre sus atribuciones están adoptar el Plan General de Intervención, Recuperación y Reconstrucción, aprobar los programas y proyectos financiados por el Fondo, definir los criterios para priorizarlos y focalizarlos, aprobar el presupuesto operativo y el plan anual de contratación y establecer los manuales de operación y contratación.

De esta manera, la estructura diseñada por el Gobierno deja cinco de los ocho puestos del órgano directivo en manos de representantes del Presidente, mientras que los otros tres corresponden a entidades estatales. Los representantes presidenciales, además, no adquieren por esa designación la condición de empleados públicos ni generan un vínculo laboral o contractual con el Estado, según establece el decreto.

La operación financiera será diferente. El Ministerio de Hacienda contrató directamente a Fiducoldex para constituir y administrar el patrimonio autónomo del Fondo. La fiduciaria es una sociedad de economía mixta indirecta del orden nacional, vinculada al Estado y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera. El contrato oficializado para la ejecución del Fondo tiene duración indeterminada y establece un pago mensual de 142 salarios mínimos para Fiducoldex.

Los recursos, además del primer billón anunciado para iniciar la reconstrucción, podrán provenir del Presupuesto General de la Nación, donaciones públicas y privadas, cooperación nacional e internacional, operaciones de crédito público y aportes territoriales, entre otras fuentes. Para noviembre, el Gobierno proyecta incorporar otros $2,7 billones al Fondo.

El esquema concentra así en una misma estructura la participación directa de la Presidencia en las decisiones estratégicas, una gerencia designada por el mandatario y una fiduciaria encargada de administrar el patrimonio autónomo. La dirección política y la priorización de los proyectos estarán en manos del Consejo Directivo, mientras la ejecución de sus decisiones corresponderá al gerente y la administración fiduciaria a Fiducoldex.

El Fondo comenzará su operación casi dos meses después del terremoto, con recursos destinados inicialmente a las primeras acciones de atención y reconstrucción. El Gobierno ha señalado que el mecanismo busca financiar la recuperación de viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y demás infraestructura afectada por el sismo.