Se filtra borrador de decreto que permitiría avanzar licencias ambientales sin esperar la consulta previa con comunidades

El Ministerio de Ambiente propone modificar las reglas del licenciamiento ambiental para permitir que la evaluación de proyectos avance de manera paralela a la consulta previa con comunidades étnicas. El borrador elimina la obligación de esperar a que se determine si este mecanismo procede o a que finalice cuando sea obligatorio, antes de iniciar y desarrollar la evaluación ambiental.

La propuesta modifica el Decreto 1076 de 2015, que reúne buena parte de la reglamentación del sector ambiental. Según el documento, las autoridades ambientales podrían iniciar el trámite, visitar las zonas de los proyectos, solicitar información adicional, pedir conceptos a otras entidades y evaluar los estudios de impacto ambiental mientras la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior define si corresponde consultar a las comunidades o mientras se desarrolla el proceso.

El cambio modifica la secuencia actual de los procedimientos. Hasta ahora, la evaluación ambiental debía esperar a que se determinara la procedencia de la consulta previa y, cuando esta era necesaria, a que concluyera el proceso. Con el borrador, ambos trámites podrían avanzar simultáneamente, lo que permitiría adelantar la revisión técnica y jurídica de proyectos de infraestructura, energía y otras actividades sujetas a licencia ambiental.

Sin embargo, el texto establece que la autoridad ambiental no podrá otorgar ni negar la licencia mientras la autoridad de consulta previa no determine si el mecanismo procede y, cuando corresponda, declare agotado el proceso consultivo. Si la evaluación ambiental termina antes, el plazo para tomar la decisión quedará suspendido hasta que se cumplan esas condiciones.

Otro de los cambios se refiere a las modificaciones de licencias ambientales ya otorgadas. El borrador permitiría evaluar esas solicitudes mientras se determina la necesidad de consulta previa o mientras esta se encuentra en curso. Además, ordena reanudar de oficio los trámites de modificación que permanecen suspendidos bajo las reglas actuales, conservando la validez de las actuaciones realizadas previamente.

La propuesta también establece reglas para incorporar los acuerdos alcanzados durante la consulta. Los compromisos relacionados con la prevención, mitigación, corrección o compensación de impactos ambientales que correspondan a la autoridad ambiental podrían quedar incluidos en la licencia. En cambio, los acuerdos que sean competencia de otras entidades se identificarían en un anexo para facilitar la coordinación institucional, sin convertirse por ese solo hecho en obligaciones ambientales de la licencia.

El cambio se produce en medio de la apuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella por agilizar los procedimientos de licenciamiento y evitar que la consulta previa detenga la evaluación de proyectos. En septiembre, voceros del Gobierno ya habían anunciado que ambos trámites avanzarían de forma paralela.

Aunque el borrador no elimina expresamente la consulta previa ni permite conceder una licencia antes de que se resuelva cuando es obligatoria, sí modifica el momento en que las autoridades deben intervenir. La evaluación podría avanzar sin que las comunidades hayan sido incorporadas todavía al proceso consultivo, lo que abre el debate sobre las garantías de participación de los pueblos étnicos en decisiones que pueden afectar directamente sus territorios y formas de vida.

El documento corresponde a un proyecto de decreto y no constituye una norma vigente. Su propuesta central es separar el avance de la evaluación ambiental de la definición y culminación de la consulta previa, manteniendo esta última como condición para adoptar la decisión final sobre la licencia.