Gobierno de De la Espriella desmonta protección a 15.839 hectáreas destinadas a la producción de alimentos en la Sabana de Bogotá

El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó las resoluciones que declaraban 15.839 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en Cundinamarca. La decisión, oficializada el 5 de octubre por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, elimina una figura que durante el Gobierno de Gustavo Petro buscó proteger los suelos rurales con capacidad agropecuaria frente a los cambios de uso del suelo y la expansión urbana en una de las zonas estratégicas para el abastecimiento alimentario de Bogotá.

Las APPA fueron creadas para identificar y proteger terrenos con aptitud para producir alimentos, orientar el ordenamiento rural y evitar que tierras agrícolas de alto valor productivo terminaran destinadas a otros usos incompatibles con esa función. Su fundamento está en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo de Petro, que incorporó estas áreas como determinantes de superior jerarquía en el ordenamiento territorial. La figura buscaba fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria y proteger las condiciones de permanencia de las comunidades campesinas.

La decisión de la administración De la Espriella se sustenta en cuestionamientos técnicos sobre la delimitación de las áreas. Según el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) encontró problemas en la cartografía, diferencias en los criterios utilizados, dificultades para reconstruir algunas reglas de delimitación y datos que habían sido actualizados. El Gobierno sostiene que estas deficiencias justificaban retirar las resoluciones y devolver a los municipios mayor capacidad para decidir sobre el uso de sus territorios.

El portavoz de la Casa de Nariño ha defendido la medida con el argumento de que las APPA imponían una restricción nacional sobre los planes de ordenamiento territorial y limitaban la autonomía de alcaldes y concejos municipales. También ha señalado que la figura no impedía a los campesinos sembrar o producir leche, papa y hortalizas, sino que restringía principalmente los cambios de uso del suelo, como la transformación de terrenos rurales en zonas urbanizadas.

Esa explicación describe una parte del alcance de las APPA, pero deja por fuera su propósito central. La figura no fue creada para prohibir la actividad agrícola, sino precisamente para priorizarla y evitar que la presión inmobiliaria desplazara la producción de alimentos. En la Sabana de Bogotá, donde la expansión urbana y suburbana compite con los suelos rurales, eliminar esa determinante significa retirar una barrera específica frente a futuras decisiones de transformación territorial.

La derogatoria no convierte automáticamente las 15.839 hectáreas en terrenos urbanizables. Continúan vigentes los planes de ordenamiento de cada municipio, las restricciones ambientales y las disposiciones sobre la cuenca del río Bogotá. También sigue vigente el Decreto 545 de 2026, expedido durante el Gobierno Petro, que establece directrices ambientales para la Sabana de Bogotá. Sin embargo, desaparece la protección adicional que priorizaba la función agroalimentaria de esos suelos y aumenta el peso de las decisiones que adopten las administraciones locales.

La medida también alcanzó la Resolución 507 de 2023, que había delimitado una zona potencial de protección para la producción de alimentos en Sabana Centro, de aproximadamente 35.000 hectáreas. Por tanto, la decisión del Gobierno no se limita a las áreas formalmente declaradas en los cinco municipios, sino que también retira ese marco de referencia territorial.

El Gobierno presenta la derogatoria como una corrección técnica y una defensa de la autonomía local. No obstante, el debate de fondo es qué garantías tendrá la producción agropecuaria cuando desaparece una herramienta nacional diseñada para proteger los suelos productivos frente a otros usos. En una región sometida a una intensa presión urbanística y clave para el abastecimiento de la capital, la decisión reabre la disputa entre la autonomía municipal, el desarrollo inmobiliario y la protección de la tierra destinada a producir alimentos.