Fundación de la primera dama habría recibido donaciones sin autorización tributaria

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, recibió cuestionamientos por su participación en la canalización de donaciones para atender a los damnificados del terremoto de Chocó. Un informe de Noticias Uno reveló que la entidad no estaba habilitada en el Régimen Tributario Especial (RTE) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), condición que permite a las organizaciones sin ánimo de lucro acceder a beneficios tributarios y a los donantes obtener ventajas fiscales por sus aportes.

Cuatro días después de asumir la Presidencia, De la Espriella anunció que las ayudas para las víctimas se canalizarían a través de tres organizaciones, El Minuto de Dios, el Banco de Alimentos y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Mientras las dos primeras cuentan con experiencia en la atención de emergencias, la tercera fue constituida en 2026 y está vinculada al movimiento Tigresas Moviéndose con Corazón, impulsado por la primera dama.

Según la investigación periodística, la fundación fue creada mediante documento privado el 20 de marzo de 2026 y quedó inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 7 de julio. La entidad no contaba con la habilitación en el RTE cuando fue presentada como una de las organizaciones para recibir ayudas destinadas a la reconstrucción.

El informe señaló que el 20 de agosto la primera dama convocó a un consejo de fundadores para reformar los estatutos y adecuarlos a los requisitos del régimen tributario. Durante esa reunión se indicó que la DIAN podría tardar varios meses en resolver la solicitud de calificación. La fecha es relevante porque el Gobierno ya había promovido la fundación como canal de donaciones para atender la emergencia.

La DIAN establece que las entidades sin ánimo de lucro deben solicitar su ingreso al Régimen Tributario Especial y cumplir los requisitos correspondientes para acceder a sus beneficios. Entre ellos está la posibilidad de que los donantes reciban beneficios fiscales por sus aportes. La ausencia de esta calificación, por sí sola, no demuestra que los recursos hayan sido desviados ni que la fundación no pueda recibir ninguna clase de donación; sí plantea interrogantes sobre las condiciones tributarias bajo las cuales se promovió su participación y sobre la información que se entregó a los aportantes.

Tras la publicación del informe, el senador Kevin Gómez Paz pidió que se investigue la actuación de la fundación y la responsabilidad de las entidades que la vincularon al manejo de ayudas humanitarias. El congresista solicitó la intervención de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la DIAN, además de las alcaldías que hubieran coordinado actividades con la organización.

Gómez afirmó que, si se confirma que la entidad no cumplía los requisitos para el propósito con el que fue presentada, el caso debe aclararse de manera inmediata. También cuestionó que, dos meses después del terremoto, damnificados continúen viviendo en carpas mientras persisten dudas sobre los recursos recaudados y su destinación.

La controversia se suma a los cuestionamientos por la respuesta estatal a la emergencia y la demora en la reconstrucción. El Gobierno anunció mecanismos para canalizar la ayuda, pero la participación de una fundación vinculada a la primera dama ahora plantea preguntas sobre los controles aplicados antes de recomendarla a los donantes.

La información publicada no establece cuánto dinero recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cuánto ha ejecutado ni qué saldo conserva. Esos datos, junto con el estado de su trámite ante la DIAN y los soportes de recepción y entrega de las ayudas, resultan centrales para esclarecer el manejo de las donaciones destinadas a las familias afectadas.