Acuerdo minero con EE.UU. avanza mientras el Gobierno desmonta protecciones ambientales sobre millones de hectáreas en Colombia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en una agenda de cooperación minera con Estados Unidos mientras deroga instrumentos de ordenamiento territorial y protección ambiental establecidos durante la administración de Gustavo Petro. Las decisiones abarcan desde el acceso anticipado a oportunidades de inversión en minerales críticos hasta el levantamiento de delimitaciones sobre más de 5,3 millones de hectáreas y la revocatoria de una resolución que declaraba el bioma amazónico como reserva definitiva de recursos naturales renovables.

El panorama reúne decisiones de distintas carteras que, aunque tienen fundamentos administrativos diferentes, coinciden en un cambio de orientación sobre la actividad extractiva, el uso del suelo y la relación entre la minería y otras actividades económicas en los territorios.

Un acuerdo con Estados Unidos que permaneció sin divulgarse

El 8 de septiembre, De la Espriella se reunió en Barranquilla con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante el encuentro se suscribieron dos instrumentos de cooperación: uno relacionado con las cadenas de suministro, la extracción y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras, y otro sobre cooperación estratégica civil en materia nuclear. El canciller colombiano, Omar Bula Escobar, participó en la firma de los memorandos.

Aunque el Gobierno presentó los acuerdos como parte de una nueva etapa de las relaciones bilaterales, el contenido detallado del instrumento minero no se conoció públicamente en ese momento. La Cancillería sostuvo que parte de la información tenía carácter reservado, lo que motivó cuestionamientos y acciones de congresistas que exigían conocer los compromisos adquiridos.

La controversia aumentó el 24 de octubre, cuando el senador Kevin Gómez Paz divulgó en sus redes sociales el documento que, según explicó, correspondía al memorando suscrito con Washington. El congresista cuestionó sus implicaciones para la soberanía nacional y puso el foco en las condiciones relacionadas con el acceso a oportunidades de inversión, el conocimiento geológico del subsuelo colombiano y la agilización de procedimientos para proyectos mineros.

Tengo en mi poder las pruebas de que Abelardo no firmó ningún “acuerdo estratégico” con Marco Rubio: firmó la capitulación de Colombia a los intereses mineros de EE.UU. Le ocultaron al país este documento durante más de un mes, porque sabían el escándalo que significa vender la Patria entregando nuestros recursos estratégicos. En Barranquilla el 8 de Septiembre Abelardo le entregó el subsuelo nacional a Estados Unidos: 1️⃣ Derecho de veto geopolítico (First Look): Colombia se obliga a notificar a EE.UU. antes de vender o licitar cualquier activo de minerales críticos o tierras raras. Washington decidirá quién explota nuestras riquezas. 2️⃣ Mapa geológico entregado: Le abren las puertas al complejo militar e industrial norteamericano para inventariar y controlar nuestras reservas estratégicas. 3️⃣ Licencias ambiental express (Permitting): Abelardo se comprometió desregular y acelerar permisos mineros para que multinacionales puedan explotar nuestros recursos, y hacer fracking. Máxima difusión, Colombia no gana nada y entrega nuestra Soberanía @petrogustavo

— Kevin Gómez Paz (@ckevingomez) October 24, 2026

Entre las disposiciones más discutidas aparece el mecanismo denominado First Look. El texto contempla la notificación previa a Estados Unidos sobre determinadas oportunidades de inversión en activos relacionados con minerales críticos, con el propósito de que Washington pueda conocerlas y evaluarlas antes. Gómez interpreta esa condición como una ventaja estratégica para el Gobierno estadounidense frente a otros posibles interesados.

El memorando también contempla cooperación en cartografía geológica, identificación de proyectos prioritarios, inversión y financiación, además de medidas para facilitar los procedimientos y permisos relacionados con la actividad minera. Estos compromisos adquieren relevancia en un país cuyo conocimiento del subsuelo continúa siendo incompleto y que todavía debe desarrollar capacidades técnicas e industriales para separar, refinar y procesar varios minerales de interés estratégico.

La lista de minerales estratégicos también busca ampliarse

En paralelo al acuerdo bilateral, la Agencia Nacional de Minería publicó para comentarios una propuesta que busca ampliar de 17 a 28 los minerales considerados estratégicos para Colombia. La iniciativa forma parte de la actualización de los criterios para determinar qué recursos tienen interés estratégico para el país.

El debate tiene una dimensión adicional porque algunos de los posibles depósitos de minerales críticos y tierras raras se encuentran en departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, donde existen territorios indígenas y ecosistemas de alta importancia ambiental. Para determinar su potencial y avanzar hacia una eventual explotación se requieren estudios geológicos, procedimientos administrativos y el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de consulta previa que correspondan.

La ampliación del listado, por tanto, se suma a la cooperación con Estados Unidos en un momento en el que Washington busca diversificar sus cadenas de suministro de minerales estratégicos, fundamentales para industrias tecnológicas, energéticas y de defensa. La discusión para Colombia no se limita a identificar nuevos yacimientos: también comprende quién accede a la información, en qué condiciones se desarrollan los proyectos y qué capacidades industriales y beneficios económicos permanecen en el país.

El Gobierno derogó los distritos mineros que cubrían 5,3 millones de hectáreas

El 22 de octubre, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40579, mediante la cual derogó las 15 resoluciones que delimitaban los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. Las áreas comprendidas sumaban 5.340.192 hectáreas, cerca del 5 % del territorio nacional, distribuidas en 11 departamentos y el litoral Pacífico.

Estos distritos se habían concebido como instrumentos para organizar la actividad minera y articularla con alternativas económicas en los territorios. Su propósito incluía promover la formalización de la minería, impulsar procesos de diversificación productiva y facilitar que actividades como la agricultura, el turismo y otras iniciativas locales complementaran o redujeran la dependencia de la extracción.

El @MinAmbienteCo revoca la resolución sobre el bioma amazónico para garantizar la participación de comunidades negras. Las comunidades cumplen un papel fundamental en la Agenda ABC. Por esto, la #PatriaMilagro realiza acciones para garantizar que todos los implicados participen en la conservación del bioma amazónico y la protección de este ecosistema, tan importante para Colombia y el mundo. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, @fabio_arjona, reiteró que este acto administrativo no garantizaba, por sí solo, la protección efectiva del ecosistema y que continúan vigentes las prohibiciones, restricciones y medidas de protección de la Amazonía, sustentadas en otras disposiciones constitucionales, legales, judiciales y administrativas. En este link puede ampliar la información sobre esta revocatoria: https://t.co/98JizjFVUt

— MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) October 26, 2026

El Gobierno justificó la derogatoria al señalar que los distritos no habían producido resultados verificables suficientes en diversificación, reconversión laboral e industrialización. También argumentó que las delimitaciones generaban incertidumbre jurídica y que no estaban adecuadamente armonizadas con los planes de ordenamiento territorial de municipios y departamentos.

La eliminación de estos instrumentos retira una figura que buscaba coordinar la actividad minera con otras alternativas de desarrollo económico. Aunque la medida no significa que todos los territorios incluidos queden automáticamente autorizados para cualquier proyecto extractivo, sí modifica el marco administrativo con el que se pretendía orientar y diversificar la actividad económica en esas zonas.

Derogatoria de las áreas de protección para la producción de alimentos

La orientación del Gobierno también se refleja en las decisiones del Ministerio de Agricultura sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), creadas para proteger suelos de importancia agropecuaria y evitar que otros usos del territorio comprometan su capacidad productiva.

La administración de De la Espriella ha derogado estas delimitaciones en distintas zonas del país. En el suroeste antioqueño, la medida levantó la protección sobre 102.801 hectáreas distribuidas en 19 municipios. En Cundinamarca, se retiró la delimitación de 15.839 hectáreas en cinco municipios de la provincia de Sabana Centro. En el sur de La Guajira también se derogaron las APPA que comprendían ocho municipios.

#AEstaHora 🔴 | ¡Desde #Antioquia construimos la #PatriaMilagro! 🇨🇴🌱 El gobernador de @GobAntioquia, @AndresJRendonC, lidera el XXXVII Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, acompañado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond; el viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas; y el director de la @UpraColombia, Alberto José Esmeral. En este espacio, el #CampoMilagro anuncia una decisión clave para el territorio: derogamos todas las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (#APPA) que limitaban el desarrollo de los municipios. ¡Avanzamos hacia un campo con #SueloSinRestricciones! 🌾 🔗 Sigue el En Vivo: https://t.co/r3DAZaxzig

— Min. de Agricultura (@MinAgricultura) October 24, 2026

El Ministerio de Agricultura ha defendido estas decisiones con argumentos relacionados con la autonomía de las autoridades locales para ordenar el territorio, así como con presuntas deficiencias técnicas, cartográficas y jurídicas en las delimitaciones anteriores. La cartera sostiene que las decisiones sobre el uso del suelo deben articularse con los planes de ordenamiento territorial y las condiciones productivas de cada municipio.

No obstante, retirar una delimitación nacional de protección alimentaria modifica las restricciones aplicables a esas áreas y abre una discusión sobre cómo se evitará que los suelos de vocación agrícola queden expuestos a cambios de uso incompatibles con la producción de alimentos. La derogatoria de las APPA no equivale, por sí sola, a autorizar actividades mineras en todos esos predios, pero sí elimina una herramienta específica de protección y ordenamiento agropecuario.

La resolución sobre el bioma amazónico también fue revocada

El 26 de octubre, el Ministerio de Ambiente revocó la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, que había delimitado y declarado el bioma amazónico colombiano como reserva definitiva de los recursos naturales renovables y del ambiente.

La cartera ambiental argumentó que la resolución se expidió sin culminar la consulta previa correspondiente con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían resultar directamente afectadas. También sostuvo que el acto administrativo no garantizaba por sí solo la protección efectiva del bioma y generaba incertidumbre territorial y económica.

La decisión retiró esa declaración específica, pero el Ministerio afirmó que continúan vigentes las prohibiciones, restricciones y medidas de protección de la Amazonía sustentadas en otras normas constitucionales, legales, judiciales y administrativas.

Sin embargo, la medida reabre la discusión sobre el instrumento general que se había adoptado para declarar el bioma como reserva definitiva y sobre la manera en que el Estado garantizará su protección, con participación de las comunidades y respaldo técnico y jurídico.

El avance de la agenda minera y el retroceso de las protecciones territoriales

El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca ampliar las oportunidades de inversión minera y fortalecer la cooperación con Estados Unidos en el acceso a minerales estratégicos. Al mismo tiempo, ha eliminado instrumentos que protegían suelos destinados a la producción de alimentos, retirado la figura de los distritos mineros especiales y revocado la declaración de reserva definitiva del bioma amazónico. Las decisiones cambian las reglas con las que se venían delimitando los usos del territorio y las condiciones para desarrollar actividades extractivas.

El resultado es una política que prioriza la apertura de oportunidades mineras mientras debilita mecanismos que buscaban limitar, ordenar o condicionar la explotación de determinadas áreas. En el caso del acuerdo con Washington, la discusión también pasa por la capacidad de Colombia para procesar sus propios recursos, desarrollar una industria nacional y evitar que la explotación de materias primas se traduzca principalmente en beneficios para inversionistas externos.