Gobierno de De La Espriella proyecta reactivar contratos de exploración petrolera en Colombia para 2027

El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara el regreso de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia, con la expectativa de materializar las primeras asignaciones durante el primer trimestre de 2027. La iniciativa representa un cambio frente a la política de la administración de Gustavo Petro, que durante sus cuatro años de gobierno no entregó nuevos contratos de exploración.

El anuncio se produce en medio de otras decisiones del Gobierno que modifican las restricciones sobre actividades extractivas y el uso del territorio. Entre ellas están la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y el desmonte de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, figuras que habían sido impulsadas durante la administración anterior para proteger suelos agrícolas y orientar la actividad minera hacia procesos de reconversión y diversificación económica.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ya reservó cerca de 20 millones de hectáreas en 12 cuencas sedimentarias, continentales y costa afuera, mediante la Resolución 0614 del 2 de octubre de 2026. La medida busca adelantar estudios técnicos para determinar qué áreas podrían ofrecerse a empresas interesadas en desarrollar nuevos proyectos de exploración.

El presidente de la ANH, Ernesto Forero, explicó que la entidad trabaja en la identificación de las áreas que están listas y en la definición de las condiciones económicas y contractuales para avanzar. Durante un encuentro con representantes de la industria petrolera y energética, señaló que el propósito no es únicamente firmar contratos, sino garantizar que puedan desarrollarse adecuadamente.

“Entendemos el afán de la industria y queremos avanzar, pero no solamente en la firma de contratos, sino en las condiciones para que esos contratos puedan desarrollarse adecuadamente”, afirmó el funcionario.

Forero sostuvo que la agencia está evaluando las alternativas para concretar el proceso y espera que el primer trimestre de 2027 permita materializar el trabajo de diagnóstico adelantado. La fecha corresponde a una expectativa institucional, no a un calendario definitivo de adjudicaciones.

La entidad también adelanta ciclos regionales de conocimiento del subsuelo, con revisión de información geológica y geofísica, identificación de oportunidades exploratorias y evaluación de recursos prospectivos. Estas estimaciones representan potenciales volúmenes de hidrocarburos y no equivalen a reservas probadas ni a producción asegurada.

El regreso de la exploración y la apuesta por la inversión

La reactivación de nuevos contratos fue una de las promesas de campaña de De La Espriella. La administración busca recuperar la contratación de áreas exploratorias, ampliar el conocimiento del subsuelo y atraer capital privado para incrementar la producción nacional de petróleo y gas.

La ANH trabaja en tres líneas: destrabar contratos que permanecen suspendidos, impulsar proyectos de inversión y generar condiciones institucionales para facilitar la actividad empresarial. De acuerdo con el presidente de la entidad, el sector requeriría inversiones cercanas a 10.000 millones de dólares para avanzar en los proyectos planteados.

Forero también invitó a las empresas a presentar iniciativas de producción incremental y recobro mejorado, orientadas a aumentar la extracción de campos existentes. La propuesta busca aprovechar las condiciones de mercado y evitar que la estrategia dependa exclusivamente de nuevos descubrimientos.

La industria enfrenta, sin embargo, dificultades relacionadas con infraestructura, transporte, seguridad, contratación de bienes y servicios y coordinación entre entidades públicas. La ANH ha señalado que estos factores deben atenderse para que las inversiones se traduzcan en producción efectiva.

La reactivación exploratoria se plantea además en un contexto de preocupación por la seguridad energética. Colombia ha incrementado su dependencia de importaciones de gas, mientras el Gobierno busca acelerar proyectos que permitan incorporar nuevas reservas y fortalecer el abastecimiento interno.

RUGE: el incentivo tributario para grandes inversiones

En paralelo, el presidente de la ANH invitó a los empresarios a buscar financiación para nuevos proyectos y a considerar el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), incluido en el proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno.

La iniciativa propone una tarifa de renta del 20 % para determinados proyectos de inversión que comiencen su ejecución en 2027 o 2028 y cumplan los requisitos establecidos. El régimen está dirigido a grandes inversiones en sectores como energía, infraestructura y recursos naturales, entre otras actividades elegibles.

La propuesta contempla condiciones de inversión, ejecución, compras a proveedores nacionales y otros requisitos para acceder a los beneficios. También plantea estabilidad jurídica y tributaria durante 16 años para los proyectos que cumplan las condiciones.

Sin embargo, el RUGE forma parte de un proyecto de ley radicado el 29 de octubre de 2026 y todavía debe surtir el trámite legislativo. Por ello, la tarifa del 20 % no constituye un beneficio vigente ni automático para todas las empresas petroleras, y su aplicación dependerá de la aprobación del proyecto y de las condiciones que finalmente establezca el Congreso.

El Gobierno busca que estos incentivos faciliten la llegada de capital privado y permitan financiar proyectos de exploración y producción. La discusión fiscal también abre interrogantes sobre el impacto de los beneficios tributarios en el recaudo público y sobre las condiciones que deberán cumplir las empresas para acceder al régimen.

Desmonte de las APPA y de los Distritos Mineros Especiales

La estrategia de reactivación petrolera coincide con decisiones que modifican instrumentos de protección territorial adoptados durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) fueron creadas para proteger suelos estratégicos para la producción agropecuaria y limitar cambios de uso asociados a la urbanización y otras actividades. El Gobierno de De La Espriella comenzó a derogarlas en diferentes regiones.

El 5 de octubre, el Ministerio de Agricultura anunció la derogatoria de las resoluciones que declaraban 15.839 hectáreas como APPA en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en Cundinamarca. La decisión se sumó a la eliminación de las áreas declaradas en el sur de La Guajira. Posteriormente, el Ministerio publicó nuevas derogatorias para áreas de Antioquia y Córdoba.

La administración argumenta que estas figuras restringían la autonomía de alcaldes y municipios para definir el uso del suelo. El Gobierno anterior, por su parte, defendía las APPA como instrumentos para proteger la producción de alimentos, el campesinado y la seguridad alimentaria.

La derogatoria de las APPA no significa que los terrenos queden automáticamente habilitados para urbanización, minería o explotación petrolera. Continúan vigentes los planes de ordenamiento territorial y las determinantes ambientales que correspondan.

En el sector minero, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026, que derogó las 15 resoluciones mediante las cuales se habían delimitado Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. Estas áreas comprendían 5.340.192 hectáreas en 11 departamentos y el litoral Pacífico.

Los distritos buscaban promover procesos de diversificación económica, reconversión laboral y desarrollo territorial en zonas mineras. El Gobierno sostiene que las delimitaciones no produjeron resultados verificables y que su eliminación devuelve seguridad jurídica a las regiones y permite impulsar la minería legal.

La resolución mantiene los títulos mineros vigentes, las solicitudes en trámite, los derechos adquiridos, las decisiones judiciales y los acuerdos de consulta previa protocolizados. Por tanto, el levantamiento de las delimitaciones no equivale a otorgar nuevos títulos ni elimina las demás obligaciones legales y ambientales aplicables.

Aunque las APPA y los Distritos Mineros Especiales son figuras diferentes, su desmonte hace parte de un cambio más amplio en la política territorial y extractiva del Gobierno. La administración busca reducir restricciones a las actividades económicas y fortalecer la inversión en minería e hidrocarburos, mientras persiste el debate sobre la protección de suelos agrícolas, la autonomía municipal y los efectos sobre las comunidades.

Un cambio de política que aún debe concretarse

La ANH tiene reservadas cerca de 20 millones de hectáreas para estudiar posibles procesos de asignación, pero todavía debe definir cuáles áreas pueden ofrecerse y bajo qué condiciones. La expectativa de comenzar a materializar contratos durante el primer trimestre de 2027 depende de esos estudios, de la estructuración de los procesos y de la respuesta de las compañías.

La reactivación también estará condicionada por la financiación, las reglas tributarias y la capacidad institucional para atender los problemas que afectan la ejecución de los proyectos.

El Gobierno de De La Espriella busca así cambiar la orientación de la política de hidrocarburos, abrir nuevas oportunidades de exploración y atraer inversiones privadas. Al mismo tiempo, el desmonte de las APPA y de los Distritos Mineros Especiales modifica instrumentos de protección y planificación territorial que habían sido adoptados durante la administración Petro.

Por ahora, la reserva de áreas no representa una adjudicación de contratos y el RUGE continúa en trámite legislativo. La materialización de la estrategia dependerá de las decisiones técnicas de la ANH, las condiciones de inversión y el desarrollo de las normas que el Gobierno propone para el sector.