Corte declara constitucionales las APPA y fija condiciones al desmonte que adelanta el Gobierno de De la Espriella

La Corte Constitucional declaró exequibles las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), creadas durante el gobierno de Gustavo Petro mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que estableció este mecanismo como instrumento de ordenamiento territorial para proteger terrenos estratégicos destinados a la producción agropecuaria. La decisión, contenida en la Sentencia C-364 de 2026, se conoce mientras la administración de Abelardo De la Espriella avanza en la derogatoria de estas áreas en distintas regiones del país.
La Sala Plena respaldó la constitucionalidad de esta figura, pero estableció condiciones para garantizar la autonomía territorial y la participación de las autoridades municipales y distritales en las decisiones relacionadas con su declaración, modificación y eliminación. El pronunciamiento delimita las competencias del Ministerio de Agricultura y establece que sus determinaciones no pueden desconocer las atribuciones de los gobiernos locales sobre el ordenamiento del suelo.
¿Qué son las APPA y cómo fueron creadas?
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos fueron incorporadas al ordenamiento jurídico mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, durante el gobierno de Gustavo Petro. La disposición modificó el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 e incluyó, como determinante de ordenamiento territorial de segundo nivel, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación, particularmente aquellas comprendidas dentro de las APPA.
El propósito del mecanismo era proteger terrenos ubicados dentro de la frontera agrícola nacional que cuentan con condiciones estratégicas para la producción de alimentos. Su incorporación como determinante de ordenamiento territorial implica que los municipios y distritos deben tenerlas en cuenta al elaborar y adoptar sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial (POT), pues constituyen normas de superior jerarquía dentro de sus ámbitos de competencia.
La implementación del mecanismo quedó bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, con el apoyo técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). El procedimiento contemplaba la identificación de las zonas con potencial de protección, el análisis de información productiva, ambiental y territorial, la elaboración de estudios técnicos y cartografía y, finalmente, la expedición de una resolución ministerial para declarar las áreas.
La metodología también contemplaba procesos de socialización y coordinación con autoridades territoriales y actores locales, así como la revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial existentes. Una vez declaradas las APPA, los municipios debían incorporar estas determinantes en sus instrumentos de planificación.
Bajo este mecanismo, la administración anterior consiguió declarar cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios del país. Entre las regiones comprendidas estaban Córdoba, La Guajira, Antioquia, Tolima, Santander y la provincia de Sabana Centro, en Cundinamarca.
¿Qué determinó la Corte Constitucional?
En la Sentencia C-364 de 2026, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, la Corte estableció que el Ministerio de Agricultura conserva la competencia para delimitar las áreas, definir su destinación a la producción de alimentos e identificar las actividades incompatibles con esa finalidad.
Sin embargo, precisó que esa facultad no autoriza al Ministerio a reglamentar detalladamente los usos del suelo, puesto que esa atribución corresponde a los concejos municipales y distritales, en ejercicio de la autonomía territorial.
Uno de los principales condicionamientos del fallo es que las decisiones relacionadas con la declaración, modificación o eliminación de las APPA deben estar precedidas de un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales.

Los concejos municipales y distritales tendrán la posibilidad de presentar observaciones y propuestas sobre las decisiones que involucren sus territorios. Estas deberán ser valoradas de manera efectiva y motivada por el Ministerio de Agricultura, de manera que la participación de las autoridades locales tenga incidencia en las determinaciones.
La Corte también estableció que las decisiones deben considerar los Planes de Ordenamiento Territorial y las particularidades de cada municipio. De esta manera, el alto tribunal mantuvo la facultad del Gobierno nacional para establecer áreas destinadas a proteger la producción de alimentos, pero delimitó las condiciones bajo las cuales puede ejercer esa competencia.
El desmonte de las APPA durante el Gobierno de De la Espriella
La decisión judicial se produce después de que el Ministerio de Agricultura, bajo la administración de Abelardo De la Espriella, comenzara a derogar las declaratorias realizadas durante el gobierno anterior. El desmonte se ha concretado mediante resoluciones que dejan sin efecto los actos administrativos con los que se habían establecido estas zonas de protección.
La primera derogatoria se produjo en el sur de La Guajira. Mediante la Resolución 000349 del 5 de octubre de 2026, el Ministerio dejó sin efecto las disposiciones que habían declarado y modificado las APPA en ocho municipios de esa región, correspondientes a una extensión aproximada de 79.782 hectáreas.
Ese mismo 5 de octubre, mediante la Resolución 000351, la cartera de Agricultura derogó las declaratorias correspondientes a cinco municipios de la provincia de Sabana Centro, en Cundinamarca: Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio. Las áreas comprendían 15.839 hectáreas.
Posteriormente, el Ministerio expidió la Resolución 000386 del 23 de octubre, mediante la cual derogó la declaratoria de APPA en 17 municipios de Córdoba. Esta región concentraba la mayor extensión protegida bajo el mecanismo, con aproximadamente 667.034 hectáreas.
La cuarta derogatoria quedó establecida mediante la Resolución 000402 del 27 de octubre de 2026, que dejó sin efecto las declaratorias de las APPA en 19 municipios del suroeste antioqueño. La decisión comprendió cerca de 102.801 hectáreas.
En conjunto, las cuatro derogatorias abarcan aproximadamente 865.456 hectáreas que habían sido declaradas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en esas regiones.
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, anunció que el Gobierno continuaría con la eliminación de las demás declaratorias existentes en el país. Entre las zonas que estaban pendientes de revisión se encontraban áreas del norte del Tolima y Santander.
Las implicaciones de la decisión judicial
El pronunciamiento de la Corte Constitucional establece un nuevo marco para las decisiones del Ministerio de Agricultura sobre las APPA. Aunque mantiene la competencia nacional para delimitar y establecer estas áreas, obliga a garantizar la participación de las autoridades territoriales y a considerar sus observaciones antes de adoptar determinaciones sobre los terrenos.
Esto tiene incidencia directa en el proceso de desmonte que adelanta el Gobierno de De la Espriella, puesto que las decisiones futuras de eliminación también deben cumplir las condiciones de información, coordinación y concertación establecidas por el alto tribunal.
La Corte precisó que la sentencia tendrá efectos hacia el futuro y que los procedimientos relacionados con las APPA que todavía se encuentren en trámite, cualquiera que sea su etapa, deberán ajustarse a los condicionamientos establecidos.
Por tanto, el fallo no ordena automáticamente restablecer las áreas cuyas declaratorias ya fueron derogadas, pero sí establece reglas obligatorias para las actuaciones posteriores y los procedimientos pendientes.
La decisión mantiene vigente el mecanismo de protección de terrenos destinados a la producción de alimentos, creado durante el gobierno de Gustavo Petro, al tiempo que establece límites a la intervención del Ministerio de Agricultura en las competencias municipales sobre el uso del suelo. El fallo se convierte así en un elemento determinante para el futuro de las áreas agropecuarias que todavía permanecen bajo esta figura y para las decisiones del Gobierno que busca desmontarlas.
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