Contrato de la alcaldía de Medellín es cuestionado por presuntos vínculos con Emilio Tapia

La investigación del congresista Hernán Muriel puso bajo la lupa un contrato de $51.628 millones adjudicado por la Alcaldía de Medellín para el mantenimiento de la malla vial, al señalar presuntas conexiones empresariales y familiares entre integrantes del consorcio ganador y personas relacionadas con el entramado de corrupción de Centros Poblados, en el que estuvo involucrado Emilio Tapia. El contrato fue adjudicado al Consorcio INFRADETEL y actualmente se encuentra en ejecución. El representante legal que aparece en el registro contractual es Juan Gonzalo Molina Vásquez.

Según la denuncia de Muriel, Molina estaría conectado familiarmente con Juan José Laverde, condenado por su participación en el caso de Centros Poblados y señalado como socio de negocios de Emilio Tapia. El congresista sostiene que estas relaciones ameritan una revisión de los antecedentes de quienes están detrás del contrato y de la estructura empresarial que obtuvo la adjudicación.

Pero el principal cuestionamiento está en la forma como se produjo la evaluación de las ofertas. De acuerdo con su investigación, durante la audiencia de adjudicación del 1 de junio el consorcio que posteriormente resultó ganador no ocupaba inicialmente el primer lugar. Otro proponente tenía 100 puntos, mientras INFRADETEL aparecía con 99,9995. Durante la revisión del archivo de Excel utilizado para la evaluación, la entidad manifestó haber encontrado una columna oculta que habría generado un error en la calificación. Después de corregir el archivo, los resultados cambiaron y INFRADETEL pasó al primer lugar con 100 puntos.

Para Muriel, ese cambio constituye uno de los principales puntos que deben ser esclarecidos por los organismos de control, pues terminó incidiendo directamente en la adjudicación de un contrato por más de $51.000 millones. El congresista pidió investigar cómo se produjo la modificación, quién elaboró y revisó el archivo y cuáles fueron las razones técnicas que llevaron a cambiar el resultado.

La denuncia también cuestiona a Ingeniería Telecomunicaciones de Antioquia S.A.S. (EDETEL), que participa con el 10 % del consorcio. Muriel llamó la atención sobre el origen de la compañía, que anteriormente tuvo el nombre de Dozza Clothing y estaba dedicada al sector textil, antes de modificar su razón social y objeto para ingresar a actividades relacionadas con infraestructura. Ese cambio empresarial también ha sido documentado en investigaciones sobre otros contratos públicos.

🚨 ¡QUÉ PASARÁ CON ESTOS 51 MIL MILLONES! Ay, Medellín… Hay que querer muy poquito a la ciudad para permitir que un corrupto como Emilio Tapia llegue a adjudicarse un contrato de $51 mil millones para arreglar las carreteras.

😡 ¿Cómo así que una “columna oculta” en un archivo… pic.twitter.com/HTCo9btgXg

— Hernán Muriel (@Hernan_MurielP) September 8, 2026

El congresista además relacionó a integrantes de INFRADETEL con anteriores negocios de infraestructura y con personas vinculadas a procesos derivados del caso Centros Poblados. Sin embargo, la denuncia no demuestra que Emilio Tapia sea propietario del consorcio ni que haya recibido directamente el contrato. La conexión planteada por Muriel se basa en relaciones familiares, empresariales y contractuales que, según sostiene, deben ser examinadas por las autoridades.

La Alcaldía de Medellín rechazó los señalamientos y aseguró que el proceso se realizó de manera pública, bajo los Pliegos Tipo y con garantías de transparencia, participación y publicidad. La administración de Federico Gutiérrez anunció además que emprenderá acciones penales contra Muriel por injuria y calumnia.

El contrato, identificado en SECOP II como el proceso 70007842 de 2026, fue adjudicado el 11 de junio por $51.628.403.876 y comenzó su ejecución en julio.

La controversia queda ahora en manos de los organismos de control, mientras Muriel anunció nuevas solicitudes de información para establecer si existieron irregularidades en la evaluación, en la verificación de los antecedentes de los integrantes del consorcio o en las relaciones empresariales que rodean al contrato. El debate no establece por sí mismo responsabilidad penal o administrativa, pero pone bajo escrutinio una contratación millonaria de la Alcaldía de Medellín y exige esclarecer cómo se produjo el cambio que terminó dejando a INFRADETEL como ganador.