Ocho congresistas demócratas que pidieron investigar a De La Espriella fueron reelegidos en EE.UU.

Ocho de los once representantes demócratas que el pasado 17 de junio solicitaron formalmente a las autoridades estadounidenses investigar posibles vínculos y operaciones financieras del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella obtuvieron la reelección en los comicios legislativos del 3 de noviembre. El resultado adquiere relevancia porque el Partido Demócrata también recuperó las mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, lo que le permitirá asumir el control del Congreso estadounidense a partir de enero de 2027.

La carta fue encabezada por el representante Jesús “Chuy” García y suscrita por Greg Casar, Maxwell Frost, Jonathan Jackson, Pramila Jayapal, Summer Lee, Mike Quigley, Delia Ramírez, Jan Schakowsky, Rashida Tlaib y Nydia Velázquez. De ese grupo, ocho legisladores fueron reelegidos: Casar, Frost, Jackson, Jayapal, Lee, Quigley, Ramírez y Tlaib. García, Schakowsky y Velázquez habían anunciado previamente que no buscarían un nuevo periodo en el Congreso.

La comunicación fue dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio; al entonces fiscal general interino, Todd Blanche; y al secretario del Tesoro, Scott Bessent. En ella, los congresistas cuestionaron el respaldo público que Donald Trump y otros dirigentes republicanos dieron a De La Espriella durante la campaña presidencial colombiana, y solicitaron que las autoridades estadounidenses examinaran posibles conexiones del candidato con personas y estructuras señaladas por actividades criminales, así como movimientos financieros relacionados con empresas y propiedades en Florida.

Entre los asuntos mencionados en la carta están los vínculos profesionales de De La Espriella con Alex Saab, a quien el documento describió como acusado de lavado de dinero en Estados Unidos, y sus relaciones con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que Washington incluyó en su lista de organizaciones terroristas extranjeras en 2001. Los legisladores también hicieron referencia a por lo menos 14 empresas que calificaron como presuntas sociedades de fachada en Florida y a operaciones inmobiliarias millonarias cuyo origen de los recursos, según señalaron, debía ser examinado.

La misiva no presentó esos señalamientos como conclusiones judiciales. De hecho, sus autores reconocieron que los bienes inmobiliarios pudieron haber sido adquiridos legalmente, pero sostuvieron que los antecedentes y las operaciones descritas justificaban un escrutinio exhaustivo por parte de las autoridades estadounidenses. Por eso solicitaron información y revisión por parte de los departamentos de Estado, Justicia y del Tesoro.

La nueva correlación de fuerzas en Washington podría abrir un escenario distinto para esa solicitud. Con el control de las dos cámaras, los demócratas tendrán capacidad para dirigir comités legislativos, convocar audiencias, solicitar documentos y adelantar investigaciones sobre las actuaciones del Gobierno Trump y sus relaciones internacionales. También podrán utilizar citaciones legislativas y ejercer control sobre las agencias federales. Sin embargo, la mayoría parlamentaria no significa que puedan ordenar directamente al Departamento de Justicia abrir un proceso penal contra De La Espriella: la carta de junio fue una solicitud de investigación y no equivale a una decisión judicial ni a la apertura confirmada de un expediente.

Resultados del Senado de EE. UU.

El cambio político también podría tener repercusiones sobre la estrategia de Trump en América Latina y sus alianzas regionales. Uno de los principales escenarios es el denominado Escudo de las Américas, iniciativa en la que participa Colombia bajo el Gobierno de De La Espriella. La declaración conjunta del 22 de septiembre, suscrita por Estados Unidos y otros catorce países, entre ellos Colombia, estableció tres ejes de cooperación: economía, seguridad y coordinación multilateral.

Resultados de la Cámara de Representantes de EE. UU.

El acuerdo contempla intercambio de inteligencia, cooperación en tecnología de seguridad y acciones coordinadas contra organizaciones criminales transnacionales. Su primera línea de acción incluye medidas como congelamiento de activos, restricciones migratorias y acciones financieras contra 24 organizaciones, entre ellas el ELN, el Clan del Golfo y estructuras disidentes de las FARC. La iniciativa se convierte así en uno de los componentes centrales de la alianza regional impulsada por Trump y respaldada por el Gobierno colombiano.

El triunfo demócrata no implica la cancelación automática de ese mecanismo ni el fin de la cooperación entre Washington y Bogotá. No obstante, sí modifica el escenario institucional para su desarrollo. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, actualizado el 24 de septiembre, señala que el Legislativo puede modificar el monto, el tipo y las condiciones de la asistencia estadounidense destinada a Colombia, así como autorizar, limitar o condicionar la participación militar de ese país en operaciones conjuntas.

De esta manera, la nueva mayoría demócrata tendrá herramientas para examinar la política exterior de Trump, los recursos destinados a sus acuerdos de seguridad y las relaciones con gobiernos aliados. En ese contexto, la carta sobre De La Espriella adquiere una nueva dimensión política: ocho de sus firmantes regresarán al Congreso con una mayoría partidista que podrá ejercer mayor control sobre las decisiones de la Casa Blanca y las agencias que recibieron la solicitud de investigar los señalamientos contra el mandatario colombiano.