Denuncia podría tumbar la curul del senador Enrique Gómez de Salvación Nacional

El trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en el centro de una controversia que podría tener consecuencias judiciales para el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional. Una denuncia presentada ante el Consejo de Estado busca que se investigue si incurrió en un presunto conflicto de intereses al intervenir en la discusión presupuestal y promover una modificación que afectaba los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mientras su hermano, Miguel Gómez Martínez, ocupaba el Ministerio de Hacienda.

La discusión se produjo durante el debate sobre la distribución de los $634,9 billones previstos para financiar el funcionamiento del Estado, el servicio de la deuda y la inversión pública en 2027. En ese trámite se plantearon modificaciones a las partidas destinadas a diferentes entidades, entre ellas la JEP, organismo encargado de investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en el marco del sistema de justicia transicional.

En septiembre, Enrique Gómez impulsó una proposición para trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. Según la explicación pública de la iniciativa, los recursos se destinarían a fortalecer la justicia ordinaria mediante la creación de nuevos despachos judiciales o la formalización de cargos en la Rama Judicial. La propuesta recibió el respaldo del presidente Abelardo De La Espriella y abrió una controversia sobre la distribución de los recursos entre la justicia ordinaria y la justicia transicional.

El presupuesto terminó expidiéndose por decreto después de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran textos diferentes y no lograran conciliarlos dentro del plazo legal. El 22 de octubre, el Gobierno expidió el Decreto 1599 de 2026, por $634,9 billones, tomando como base el proyecto discutido y modificado en el primer debate de las comisiones económicas. En consecuencia, la discusión sobre las partidas aprobadas en esa etapa adquirió relevancia para la distribución definitiva de los recursos de 2027.

En el caso de la JEP, el Ministerio de Hacienda informó que el presupuesto contempla una reducción de $181.400 millones, compuesta por varios ajustes. Esa cifra corresponde al recorte total reportado por el Gobierno y no exclusivamente a la proposición de $100.000 millones promovida por Gómez.

La controversia adquirió una dimensión jurídica por el parentesco entre el senador y el ministro responsable de la cartera encargada del presupuesto. El 19 de octubre, las plenarias aprobaron el impedimento de Enrique Gómez para participar en el debate presupuestal debido a ese vínculo familiar. La cuestión que deberá examinarse es si su intervención previa, incluida la presentación de la proposición, pudo configurar una infracción al régimen de conflicto de intereses.

Denuncié a Enrique Gómez ante el Consejo de Estado por conflicto de intereses; el congresista metió mano al presupuesto general de su hermano, el ministro Miguel Gómez. Uno hace el presupuesto, el otro lo modifica a su conveniencia. Si se falla en derecho, perdería su curul. https://t.co/zPI6z4ov41

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— Wilson Arias (@wilsonariasc) October 26, 2026

La denuncia fue anunciada por el senador Wilson Arias, quien sostuvo que Gómez actuó pese a la situación que, a su juicio, le exigía apartarse del trámite. Arias afirmó que el impedimento se presentó tardíamente, después de que el congresista ya había intervenido en la discusión y promovido el traslado de recursos. También señaló que la proposición de Gómez fue la única que, según su denuncia, recibió el aval del ministro de Hacienda durante el primer debate.

Arias pidió al Consejo de Estado que examine los hechos y determine si hubo una vulneración de las normas que regulan la actuación de los congresistas cuando existe un interés particular en una decisión pública. Su argumento es que la relación familiar con el ministro, sumada a la participación de Gómez en la modificación presupuestal, amerita que se establezca si debía declararse impedido desde el comienzo.

La Constitución contempla la violación del régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura. Sin embargo, la eventual pérdida de la curul no se produce automáticamente por la presentación de una denuncia: corresponde al Consejo de Estado estudiar las circunstancias, las pruebas y los requisitos jurídicos aplicables, y determinar si existe mérito para imponer esa sanción.