El partido Defensores de la Patria, de Abelardo De La Espriella, perdería su personería jurídica

El partido político del presidente Abelardo De La Espriella enfrenta dos procesos que podrían terminar con su existencia jurídica independiente. Por un lado, el Consejo de Estado estudia demandas que cuestionan la legalidad del reconocimiento de su personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Por otro, las directivas de Defensores de la Patria y Salvación Nacional solicitaron ante el mismo organismo electoral aprobar una fusión por absorción que disolvería a la colectividad presidencial y trasladaría su estructura jurídica a Salvación Nacional.

La primera controversia comenzó después de que el CNE, mediante la Resolución 3564 del 3 de agosto de 2026, reconociera a Defensores de la Patria como partido político. La decisión se sustentó en la votación obtenida por Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales, pese a que su movimiento no había participado con listas propias en las elecciones legislativas al Senado y la Cámara de Representantes.

Las demandas cuestionan que el organismo electoral haya utilizado los resultados de una elección presidencial para reconocer una personería jurídica, cuando el artículo 108 de la Constitución establece como requisito general superar el umbral del 3 % de los votos válidos en las elecciones legislativas. Los demandantes consideran que el CNE aplicó de manera improcedente los precedentes jurídicos utilizados para reconocer a otras organizaciones políticas.

Entre las personas identificadas en las demandas que han sido reportadas públicamente se encuentran la representante a la Cámara Natalia Moreno Puin, del Pacto Histórico, y el ciudadano Cristian Javier Saray Buitrago. Este último cuestionó la Resolución 3564 y solicitó la nulidad del acto administrativo.

El 15 de octubre, el Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional de la personería jurídica presentada dentro de este litigio. Sin embargo, esa decisión no resolvió el fondo de la controversia ni confirmó definitivamente la legalidad del reconocimiento. La resolución del CNE continúa vigente mientras avanza el proceso judicial, que todavía podría terminar con la anulación del acto administrativo y la pérdida de la personería jurídica de Defensores de la Patria.

A esta controversia se suma la segunda vía: la fusión por absorción solicitada por Salvación Nacional y Defensores de la Patria ante el CNE. El senador Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional, y Camilo Andrés Noguera Abello, representante legal de la colectividad presidencial, presentaron un documento en el que solicitan aprobar y registrar la operación.

La propuesta establece que Salvación Nacional actúe como organización absorbente y continuadora, mientras adopta la denominación Partido Político Defensores de la Patria. En términos jurídicos, esto significa que la personería de Salvación Nacional se conservaría, mientras Defensores de la Patria se disolvería sin liquidarse. Sus derechos, obligaciones, patrimonio, archivos, afiliados y demás relaciones jurídicas transmisibles pasarían a la organización absorbente, en los términos que determine el CNE.

La operación ya cuenta con el respaldo de los órganos internos de ambas organizaciones. Salvación Nacional aprobó la fusión por unanimidad el 18 de septiembre de 2026. Por su parte, la convención nacional de Defensores de la Patria, realizada el 19 de agosto, respaldó la propuesta con 20 votos favorables, correspondientes a la totalidad de los afiliados habilitados para participar en esa decisión.

Sin embargo, la fusión todavía necesita la aprobación de la sala plena del Consejo Nacional Electoral. Si se autoriza, el nombre Defensores de la Patria podría mantenerse, pero la organización que tendría la personería jurídica sería la antigua Salvación Nacional. Por tanto, no se trataría simplemente de un cambio de nombre: la colectividad presidencial dejaría de existir como persona jurídica independiente y su estructura sería incorporada a otra organización política.

El documento también contempla una nueva composición permanente de la junta directiva, integrada por Enrique Gómez Martínez, Camilo Andrés Noguera Abello y Carlos Augusto Suárez Rojas, estratega de la campaña presidencial de De La Espriella y presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

La situación adquiere otra dimensión por el proceso judicial que enfrenta Enrique Gómez, quien dirige la organización que absorbería al partido presidencial. El senador Wilson Arias anunció el 26 de octubre que denunció ante el Consejo de Estado al congresista por un presunto conflicto de intereses durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027. Por su parte, el senador Ariel Ávila también radicó el 27 de octubre una solicitud de pérdida de investidura contra Gómez por los mismos hechos.

La controversia se originó durante el primer debate del presupuesto en las comisiones económicas conjuntas, cuando Enrique Gómez presentó las proposiciones 409 y 410, con las que se planteó trasladar recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la justicia ordinaria. Según la demanda presentada por Ávila, las modificaciones representaron una reducción de 170.000 millones de pesos para la JEP y recibieron el aval del Ministerio de Hacienda, dirigido por Miguel Gómez Martínez, hermano del senador.

El cuestionamiento radica en que Enrique Gómez participó en ese trámite y presentó las proposiciones antes de declararse impedido. El 19 de octubre, cuando el proyecto llegó a la plenaria del Senado, su impedimento por el vínculo familiar con el ministro de Hacienda fue aceptado por la corporación. Los demandantes sostienen que esa obligación debió aplicarse desde las discusiones en las comisiones económicas y no únicamente en la etapa posterior.

El Consejo de Estado deberá establecer si esa actuación configuró una violación del régimen de conflicto de intereses y si existen fundamentos para decretar la pérdida de investidura. De prosperar la acción, Gómez podría perder su curul en el Senado. Hasta ahora no existe una decisión judicial que determine esa consecuencia.