De rechazar negociaciones a proponer acuerdos con investigados por corrupción

Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella construyó parte de su discurso alrededor del rechazo a cualquier negociación con delincuentes y de una política de firmeza frente a quienes hubieran cometido delitos. Ahora, como presidente de la República, planteó públicamente que personas investigadas por corrupción puedan recibir beneficios judiciales a cambio de colaborar con la justicia y entregar pruebas sobre hechos ocurridos durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La propuesta fue formulada por De la Espriella durante su alocución del 27 de septiembre, en la que pidió a las autoridades evaluar la posibilidad de establecer negociaciones con quienes hayan participado en estructuras de corrupción. El mandatario sostuvo que los investigados podrían acceder a beneficios si aportan información y pruebas que permitan avanzar en las investigaciones.

El planteamiento introduce una diferencia sustancial frente a una de las posiciones que el ahora presidente defendió durante la campaña: el rechazo a negociar con personas vinculadas con actividades delictivas. La discusión actual, sin embargo, tiene una particularidad jurídica: los mecanismos de colaboración, negociación y obtención de beneficios penales ya existen en la legislación colombiana y su aplicación corresponde a las autoridades judiciales dentro de cada proceso.

Por esa razón, la propuesta presidencial no crea por sí misma un nuevo mecanismo de negociación ni permite al jefe de Estado decidir quién recibe beneficios. La Fiscalía y los jueces son las autoridades encargadas de tramitar y controlar estos procedimientos conforme a la ley. El Presidente puede denunciar hechos, aportar información o solicitar investigaciones, pero no sustituir a las autoridades responsables de determinar responsabilidades penales.

El anuncio se produjo después de que el Consejo de Estado decretara la pérdida de investidura de Iván Name, expresidente del Senado y uno de los nombres relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De la Espriella utilizó la decisión para cuestionar al Gobierno anterior y pedir que quienes conozcan información sobre esa estructura de corrupción colaboren con las autoridades.

El caso de la UNGRD ya ha producido condenas y acuerdos judiciales. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión después de un preacuerdo con la Fiscalía. También han sido investigados otros antiguos funcionarios, entre ellos Olmedo López, exdirector de la entidad. Estos procesos acreditan investigaciones y decisiones judiciales individuales, pero no permiten establecer por sí mismos responsabilidad penal del expresidente Petro.

Esa diferencia resulta relevante porque la propuesta de De la Espriella está dirigida expresamente a obtener pruebas sobre el anterior Gobierno. Una persona investigada puede colaborar con la justicia y aportar información dentro de los mecanismos previstos por la ley, pero la información entregada debe ser valorada y contrastada por las autoridades. Una declaración de un investigado tampoco demuestra automáticamente la responsabilidad de las personas que eventualmente sean señaladas.

La controversia, por tanto, no está en que el ordenamiento colombiano permita mecanismos de colaboración judicial, sino en el contraste entre el discurso político con el que De la Espriella llegó a la Presidencia y su actual llamado a considerar negociaciones con personas investigadas. El Gobierno presenta la propuesta como una vía para obtener información y esclarecer hechos de corrupción; sus críticos la interpretan como un cambio frente a la posición que defendió durante la campaña.

La diferencia entre una negociación penal sometida a la ley y una negociación política resulta central. En el primer caso, los beneficios deben estar sustentados en los procedimientos establecidos y bajo control de las autoridades competentes. En el segundo, existiría una intervención política sobre decisiones que constitucionalmente corresponden a la justicia. Hasta ahora, el pronunciamiento presidencial constituye una solicitud pública para que se evalúen mecanismos ya existentes, no una decisión que haya concedido beneficios a personas determinadas.

El debate queda así planteado entre una promesa de campaña basada en el rechazo a las negociaciones con delincuentes y una propuesta de Gobierno que contempla beneficios para investigados por corrupción a cambio de información. La aplicación concreta de esos mecanismos, sus condiciones y sus resultados no dependen del Presidente, sino de las autoridades judiciales y de las pruebas que sean incorporadas legalmente a cada proceso.