Directora del ICBF podría enfrentar inhabilidad por recibir presunta financiación prohibida

Los registros de financiación electoral de la campaña de María Carolina Restrepo Cañavera, actual directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reportan una donación de $48 millones atribuida a Óskar August Schroeder Müller, quien fue sancionado por la Procuraduría por su participación en el escándalo de Agro Ingreso Seguro y posteriormente vinculado a investigaciones penales. El presunto aporte, registrado durante la campaña de Restrepo a la Cámara de Representantes en 2022, es el eje de una denuncia que podría tener consecuencias jurídicas para su permanencia en el cargo.

El artículo 396A del Código Penal establece sanciones para quienes financien campañas con recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley. La norma contempla penas de prisión e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas. La cuestión jurídica consiste en establecer si, cuando se realizó el aporte, el donante se encontraba dentro de una categoría legalmente prohibida y si se configuran los demás elementos del delito.

Schroeder Müller fue inhabilitado en 2012 por la Procuraduría durante 12 años por hechos relacionados con Agro Ingreso Seguro y fue imputado en una investigación penal. Sin embargo, según la defensa de Restrepo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó las sanciones en 2014. La situación jurídica del aportante en la fecha de la donación será determinante para evaluar la denuncia.

El representante a la Cámara Alfredo Mondragón anunció que presentó una denuncia penal contra Restrepo y Schroeder Müller ante la Fiscalía General de la Nación. El congresista sostiene que el aporte constituiría financiación prohibida y afirma que la directora podría quedar inhabilitada.

La controversia se suma a los cuestionamientos sobre la experiencia profesional que Restrepo acreditó para llegar a la dirección del ICBF. El senador Duvalier Sánchez y el concejal Julián Triana señalaron que una certificación registra experiencia desde febrero de 2002 en Restrepo Cañavera S. A. S., aunque documentos societarios indican que la empresa habría sido constituida en octubre de 2004. También cuestionaron que la certificación fuera firmada por Érika Jiménez, quien después obtuvo un contrato de prestación de servicios con el Instituto por cerca de $25 millones, bajo supervisión de Restrepo.

Restrepo ha afirmado que no renunciará y que ejercerá su defensa frente a los señalamientos. Los cuestionamientos sobre la financiación electoral y la certificación laboral constituyen asuntos distintos, pero ambos ponen bajo escrutinio la legalidad de las condiciones que rodearon su llegada y permanencia al frente de la entidad encargada de la protección de la niñez colombiana.