Senador colombiano pidió al Congreso de EE.UU. investigar señalamientos contra De la Espriella

El senador del Pacto Histórico Cristian Kevin Gómez Paz envió una carta al Congreso de Estados Unidos para solicitar que los representantes y senadores del Partido Demócrata hagan seguimiento a los cuestionamientos sobre las actividades económicas del presidente colombiano Abelardo De la Espriella en ese país. La comunicación, fechada el 6 de noviembre, pide consultar a las autoridades estadounidenses si existen actuaciones de revisión o investigación relacionadas con los señalamientos y promover que sus resultados sean conocidos públicamente.

La solicitud retoma una carta presentada el 17 de junio de 2026 por 11 congresistas demócratas, encabezados por el representante Jesús «Chuy» García, dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al entonces fiscal general interino, Todd Blanche. En aquella comunicación, los legisladores expresaron preocupación por el respaldo que el presidente estadounidense Donald Trump había manifestado a De la Espriella durante la campaña presidencial colombiana y solicitaron examinar sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el empresario Alex Saab y posibles irregularidades financieras en Estados Unidos.

Oficialmente solicité al Congreso de los Estados Unidos investigar al ciudadano norteamericano Abelardo de la Espriella por los presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos que denunciaron 11 congresistas demócratas de este país. 🚨 Como senador de la República de Colombia, envié oficialmente una carta al Congreso de Estados Unidos, dirigida a los representantes del Partido Demócrata, solicitando seguimiento institucional a los cuestionamientos e investigaciones en ese país relacionados con el ciudadano norteamericano Abelardo De La Espriella, hoy presidente de Colombia. Queremos respuestas sobre las 14 sociedades registradas en Florida y vinculadas a él y a su esposa, las operaciones inmobiliarias millonarias, el origen de los recursos, sus relaciones económicas con personas investigadas por narcotráfico y lavado de activos, y las denuncias que aún esperan esclarecimiento. Además, exigimos transparencia sobre las donaciones nacionales e internacionales destinadas a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, cuya administración estuvo a cargo de su esposa, Ana Lucía Pineda. No más opacidad con los bienes sin justificar, ni con los nexos con capos, ni con las donaciones del terremoto que maneja su esposa. La defensa de la soberanía exige transparencia y verdad para ambas naciones. ¡Colombia se respeta, la soberanía se defiende y la dignidad no se vende!

— Kevin Gómez Paz (@ckevingomez) November 8, 2026

Uno de los principales puntos señalados por los legisladores estadounidenses fue la existencia de al menos 14 sociedades registradas en Florida que, según la carta, estarían relacionadas con De la Espriella y su esposa, Ana Lucía Pineda. Los congresistas cuestionaron las operaciones inmobiliarias realizadas mediante esas estructuras empresariales y solicitaron establecer el origen de los recursos utilizados para adquirir propiedades por varios millones de dólares.

La comunicación de junio también mencionó posibles relaciones económicas con Alex Saab, empresario colombiano-venezolano investigado en Estados Unidos por presunto lavado de activos y a quien De la Espriella representó jurídicamente durante varios años. Los representantes demócratas señalaron que una de las operaciones inmobiliarias del hoy mandatario podría haber recibido financiación parcial de recursos relacionados con Saab.

La carta original también hizo referencia a los vínculos profesionales del presidente con antiguos integrantes de las AUC, organización paramilitar que Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas extranjeras en 2001. Además, recogió acusaciones de antiguos clientes del abogado que lo señalaron de presuntamente apropiarse de recursos que estarían destinados al pago de sobornos a funcionarios judiciales. Estas afirmaciones fueron presentadas como motivos para solicitar un examen por parte de las autoridades estadounidenses.

En su nueva comunicación, Gómez Paz pidió que los congresistas demócratas consulten directamente a los departamentos y organismos competentes sobre el estado de las posibles revisiones o investigaciones derivadas de la carta de junio. También solicitó que se informe cuáles actuaciones se han adelantado y que se hagan públicos los resultados que puedan divulgarse legalmente. El senador argumentó que De la Espriella también es ciudadano estadounidense y que, por esa condición, resulta pertinente verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, tributarias y financieras que le correspondan en ese país.

La solicitud incluye otro asunto relacionado con la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la administración de las donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Gómez Paz pidió información sobre los recursos nacionales e internacionales que, según su comunicación, fueron puestos bajo responsabilidad de la esposa del presidente, y reclamó claridad sobre su recepción, administración y destino.

Este asunto ya había generado cuestionamientos en Colombia. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por Pineda y encargada de canalizar parte de las ayudas, publicó el 16 de octubre un informe de gestión en el que reportó la recepción, administración y canalización de $54.589 millones en donaciones entre el 7 de julio y esa fecha. Según el documento, el 81 % de los recursos correspondió a aportes de la familia Gilinski, destinados a la reconstrucción de instituciones educativas y centros de salud en Cali. El 19 % restante provino de otros donantes, cuyos nombres no fueron desglosados en el informe.

La fundación sostuvo que los recursos eran de origen privado y que permanecían en entidades financieras vigiladas. También reportó que, hasta la fecha del balance, los gastos administrativos sumaban cerca de $11,9 millones y que el dinero estaba sujeto a las destinaciones definidas por los aportantes. Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que la organización tenía vigente su Registro Único Tributario y pertenecía al Régimen Tributario Especial, lo que la habilitaba para recibir donaciones y expedir los certificados correspondientes a los beneficios tributarios de los aportantes.

Sin embargo, el informe de la fundación no puso fin a todos los cuestionamientos. Entre los aspectos señalados por la prensa está que la mayor parte de los recursos todavía no se había traducido en obras ejecutadas y que el informe no identificaba individualmente a los aportantes del 19 % restante. La fundación explicó que los proyectos requerían estudios, diseños y mecanismos de control antes de iniciar su construcción.

Gómez Paz sostuvo que su iniciativa busca que las instituciones estadounidenses den continuidad a las preocupaciones planteadas por sus congresistas y que exista cooperación entre ambos países para esclarecer los hechos. En su carta invocó el respeto por la soberanía nacional, la transparencia y la rendición de cuentas como principios que deben orientar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Hasta el momento, la comunicación del senador constituye una solicitud de seguimiento político e institucional. No significa que el Congreso estadounidense haya abierto una investigación ni demuestra por sí misma la existencia de conductas ilegales por parte del presidente colombiano o de su esposa. La petición busca conocer si las autoridades competentes han adelantado actuaciones y cuáles de sus resultados pueden hacerse públicos.