MinTrabajo busca derogar ocho decretos laborales del Gobierno Petro

El Ministerio del Trabajo publicó ocho proyectos de decreto que buscan derogar o modificar disposiciones laborales expedidas durante el Gobierno de Gustavo Petro. Las propuestas abarcan asuntos sensibles para los trabajadores, como la tercerización, los pactos colectivos, los aportes a seguridad social de los repartidores de plataformas digitales, las facultades de los inspectores y la protección frente al acoso laboral y la discriminación.

Los borradores fueron publicados el 16 de octubre y estarán disponibles para comentarios hasta el 9 de noviembre. Después de esa etapa, el Ministerio, encabezado por Natalia López, definirá cuáles modificaciones adopta y expedirá las disposiciones definitivas.

La cartera sostiene que los cambios no eliminan derechos laborales, porque estos se encuentran establecidos en la Constitución y las leyes, incluida la reforma laboral de 2025, correspondiente a la Ley 2466. Según el Gobierno, el propósito es corregir disposiciones reglamentarias que habrían excedido las competencias del Ejecutivo, creado obligaciones sin respaldo legal o establecido sanciones que no corresponden a lo autorizado por el Congreso.

“Ordenar la regulación laboral no es retroceder, es darles a los derechos de los trabajadores una base que nadie pueda tumbar”, afirmó el Ministerio. Sin embargo, la revisión abre un nuevo debate con las organizaciones sindicales, que habían pedido mantener los decretos reglamentarios y advirtieron sobre los riesgos de modificar normas que consideran avances en la protección laboral.

Uno de los cambios más relevantes es la derogatoria del Decreto 581 de junio de 2026, relacionado con la contratación de trabajadores mediante terceros para desarrollar labores permanentes. El Ministerio argumenta que esta disposición incluyó multas superiores a las permitidas legalmente y reprodujo normas que ya habían sido anuladas por el Consejo de Estado.

Otro proyecto busca derogar el Decreto 992 de agosto de 2026, que estableció condiciones para los pactos colectivos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. La norma vigente exige evidencias de una negociación efectiva y contempla informar a las organizaciones sindicales antes de aceptar el depósito de estos acuerdos. Si se aprueba la derogatoria, el procedimiento volvería a regirse por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. Se mantendría la prohibición de celebrar pactos colectivos cuando un sindicato agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa.

El Gobierno también propone modificar el Decreto 720 sobre las facultades de los inspectores de trabajo. Aunque conservarían la posibilidad de adoptar medidas preventivas ante situaciones de riesgo, estas tendrían que estar justificadas, ser temporales, permitir revisión y ajustarse a los recursos previstos en la ley. El Ministerio busca delimitar las competencias administrativas de los inspectores.

En el caso de los repartidores que trabajan mediante aplicaciones digitales, la propuesta modifica el Decreto 991 del 4 de agosto de 2026. El borrador plantea calcular las cotizaciones a seguridad social sobre el 40 % de los ingresos reales, en lugar de utilizar en determinados casos un salario mínimo completo como base. La regulación vigente establece que, para quienes reciben al menos un salario mínimo, si el 40 % de sus ingresos es inferior a ese valor, la cotización se calcula sobre un salario mínimo, que en 2026 equivale a $1.750.905.

El proyecto también contempla que las obligaciones de aporte solo sean exigibles 12 meses después de que el Ministerio de Salud certifique que están listos los ajustes tecnológicos necesarios. La propuesta coincide con las objeciones de Alianza In, gremio que representa a plataformas como Rappi y DiDi, que había solicitado derogar el decreto y anunciado una demanda de nulidad.

En materia de acoso laboral, violencia y discriminación, el proyecto relacionado con el Decreto 1040 conserva las medidas de prevención y atención a las víctimas, incluida la protección especial de seis meses frente al acoso sexual. No obstante, propone que la atención psicológica quede a cargo de las administradoras de riesgos laborales (ARL) y retirar presunciones y reglas probatorias que, según el Ministerio, no pueden establecerse mediante decreto porque corresponden al ámbito de la ley.

La propuesta que modifica el Decreto 405 de 2025 mantiene las sanciones para empleadores que despidan a trabajadores víctimas de acoso sexual, pero incorpora la gravedad de la conducta como criterio para graduar la multa, sin desconocer los mínimos establecidos legalmente.

Otro de los borradores aborda la inspección del trabajo doméstico. El Ministerio propone que las diligencias puedan realizarse sin ingresar a las viviendas, con el argumento de respetar la intimidad del hogar. El seguimiento de estos asuntos se desarrollaría en la Mesa del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El octavo proyecto busca ajustar el Decreto 660, relacionado con periodistas y comunicadores, a las disposiciones de la Ley 2466 de 2025. La cartera sostiene que el Gobierno debe reglamentar las leyes sin exceder las competencias que le corresponden.

El Ministerio afirmó que la revisión encontró disposiciones que habrían creado obligaciones o sanciones sin respaldo legal, atribuido a inspectores funciones que corresponden a los jueces y presentado problemas técnicos, como la repetición de numeración en artículos de dos decretos. También señaló que varias normas están demandadas ante el Consejo de Estado y justificó la revisión como una forma de ajustar la reglamentación al marco jurídico vigente.

La decisión, sin embargo, se produce después de que la central unitaria de trabajadores, integrada por organizaciones sindicales y de pensionados, solicitara rechazar “cualquier modificación, derogatoria, suspensión o flexibilización” de nueve decretos reglamentarios. Las centrales obreras argumentaron que las normas habían pasado por procesos de concertación y advirtieron que modificarlas podría vulnerar el principio de progresividad de los derechos laborales.

De los nueve decretos cuya continuidad reclamaban los sindicatos, el Decreto 234 de 2026, relacionado con la negociación colectiva por niveles, no aparece entre los ocho proyectos publicados por el Ministerio.

La controversia tiene antecedentes en agosto, cuando la cartera laboral derogó 11 circulares del Gobierno anterior. En ese momento, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, afirmó que “empezó el desmonte de los derechos laborales”, mientras el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, valoró la decisión como un avance hacia la seguridad jurídica.

La discusión también estuvo precedida por reuniones entre organizaciones sindicales y gremiales. El 1.º de octubre se convocó una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Las centrales obreras y los gremios tuvieron plazo hasta el 9 de octubre para presentar observaciones, y el 13 de octubre sesionó una subcomisión con la participación de 12 organizaciones, entre ellas la CUT, la CGT, la CTC, la ANDI y Fenalco.

Con los ocho proyectos publicados, el Ministerio abrió una nueva etapa de comentarios que finalizará el 9 de noviembre. La decisión final determinará el alcance de los cambios en la reglamentación laboral y mantendrá abierto el debate entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y los gremios empresariales sobre la legalidad de las normas, la seguridad jurídica y las garantías de los trabajadores.