Urgente: Presupuesto del Gobierno de Abelardo De la Espriella podría caerse por presuntos vicios de inconstitucionalidad

El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por $634,9 billones en la madrugada del martes 20 de octubre, quedó bajo cuestionamiento por un presunto error en la votación del artículo 65 durante el trámite legislativo. La denuncia apunta a que el Senado y la Cámara de Representantes habrían aprobado textos diferentes, sin que se realizara la conciliación correspondiente. Si la discrepancia se confirma y se establece que se omitió una etapa obligatoria del procedimiento, el proyecto podría enfrentar consecuencias jurídicas que van desde la caída del artículo cuestionado hasta la invalidez de toda la ley.

El posible error se habría originado en el tratamiento de una proposición relacionada con el artículo 65. Según la revisión expuesta por la senadora Esmeralda Hernández y Lina García, exdefensora del Pueblo de Bogotá, en la plenaria del Senado se aprobó el texto original del artículo, tal como venía en la ponencia. Durante la sesión se registraron 53 votos por el sí y 18 por el no, además de dos votos manuales del senador Barguil.

¡Tumbamos el Presupuesto de Abelardo! Tras una revisión rigurosa junto a @LinaGarciaSi, encontramos que Cámara y Senado aprobaron textos diferentes, sin la conciliación obligatoria. Por el afán de pupitrearlo terminaron haciéndolo mal, a medianoche y de espaldas al país. ¡A la mediocridad y la mentira las confrontamos con rigor y argumentos!

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— Esmeralda Hernández (@EsmeHernandezSi) October 21, 2026

La controversia surge porque, de acuerdo con la denuncia, una proposición presentada por el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, fue retirada en el Senado y dejada como constancia, pero la versión que contenía esa modificación habría terminado votándose en la Cámara. Si los documentos y las actas confirman que cada corporación aprobó una redacción diferente, el Congreso tendría que haber resuelto la discrepancia mediante el procedimiento de conciliación previsto en el artículo 161 de la Constitución.

La norma constitucional establece que, cuando surgen diferencias entre los textos aprobados por Senado y Cámara, deben integrarse comisiones de conciliación para acordar una versión común. El texto conciliado debe someterse a debate y aprobación de las respectivas plenarias. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la conciliación es un mecanismo para resolver esas discrepancias y que, si persisten después del procedimiento correspondiente, el proyecto se considera negado.

En este caso, el punto determinante es establecer si el Senado y la Cámara aprobaron versiones diferentes del artículo 65 y si la discrepancia podía resolverse dentro del plazo legal. El Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que el Congreso debía aprobar el Presupuesto General de la Nación antes de la medianoche del 20 de octubre. Según la denuncia, la conciliación de los textos debía completarse dentro de ese mismo plazo, que venció sin que se resolviera la diferencia denunciada. Por ello, sostiene que el proyecto no habría completado el trámite requerido para su sanción presidencial. La senadora Esmeralda Hernández advirtió que acudirán a la justicia si el presupuesto es sancionado pese a los presuntos vicios de procedimiento.

El escenario abre dos posibles interpretaciones jurídicas. La primera es que la irregularidad comprometa el trámite del proyecto en su conjunto, al no haberse completado una etapa constitucional necesaria para su aprobación. La segunda es que el cuestionamiento afecte específicamente el artículo 65, si el análisis jurídico concluye que el defecto puede separarse del resto del articulado. La discrepancia sobre los textos y el vencimiento del plazo para conciliarlos son, por tanto, los elementos centrales para determinar el alcance de las posibles consecuencias jurídicas.

El debate ocurre después de que el Pacto Histórico denunciara que presentó más de 700 proposiciones para modificar el presupuesto, defender recursos para las regiones y fortalecer la financiación de la educación pública y la atención a las víctimas, sin que el Gobierno acogiera sus propuestas. La bancada cuestionó tanto la distribución de los recursos como el desarrollo de una discusión que terminó con su retiro antes de la votación definitiva.

El presupuesto aprobado asciende a $634,9 billones y define los recursos del Estado para funcionamiento, servicio de la deuda e inversión durante 2027. Su eventual caída tendría implicaciones para la planificación fiscal y la asignación de recursos públicos del próximo año. La controversia se concentra ahora en determinar si las dos cámaras aprobaron textos distintos y si el vencimiento del plazo constitucional impidió completar la conciliación requerida.