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El “pero” que Abelardo De la Espriella le pone a la justicia

schedule3 min de lectura Hace 2 días
Foto: Presidencia

“La justicia se respeta, pero los recursos de los colombianos se cuidan”. Con esa frase, el presidente Abelardo De la Espriella respondió al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, quien llevó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional su preocupación por las decisiones presupuestales y legislativas que, según sostuvo, pueden afectar el funcionamiento y la independencia de esa jurisdicción.

El “pero” planteado por el mandatario tiene como centro el presupuesto de la JEP para 2027. La jurisdicción solicitó $947.642 millones, mientras el proyecto presentado por el Gobierno contempla $821.803 millones. A esto se suma una propuesta respaldada por De la Espriella para trasladar $100.000 millones de la JEP a la Rama Judicial ordinaria.

El presidente sostiene que esa discusión no constituye una amenaza contra los jueces y que corresponde al Gobierno y al Congreso definir la asignación de los recursos públicos de acuerdo con las disponibilidades fiscales y las prioridades del país. También cuestionó que cada peso que no sea aprobado para la JEP sea presentado como una forma de presión o castigo.

De la Espriella recordó que la jurisdicción ha recibido más de $3 billones desde 2018 y puso en discusión la relación entre el presupuesto asignado, su estructura administrativa y los resultados judiciales. En particular, cuestionó el nivel de gasto de la entidad y defendió que una parte de los recursos sea dirigida hacia la justicia ordinaria, donde, según el Gobierno, existe un elevado número de procesos represados y limitaciones de infraestructura, personal y tecnología.

“Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar”, sostuvo el presidente.

La respuesta de Ramelli apunta precisamente al límite que, según la JEP, debe existir entre administrar los recursos públicos y ejercer presión sobre una jurisdicción independiente. El magistrado afirmó que la JEP no se opone a que sus cuentas sean revisadas y aseguró que ha entregado explicaciones en las instancias correspondientes, pero rechazó que deba rendir cuentas al Ejecutivo.

“Nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo”, afirmó Ramelli, quien insistió en que la separación de poderes implica que la JEP pueda explicar su gestión sin quedar subordinada al Gobierno.

El enfrentamiento deja planteada una discusión que va más allá de una diferencia presupuestal: hasta dónde puede llegar el Gobierno en el control y reasignación de recursos de una jurisdicción especial sin que sus decisiones sean interpretadas como una afectación de su autonomía. Mientras De la Espriella presenta el recorte como una decisión de responsabilidad fiscal y priorización del gasto, la JEP advierte que su independencia no puede quedar condicionada por el poder Ejecutivo.