Investigación revela presuntos vínculos de Abelardo de la Espriella con narcotraficantes

El senador Iván Cepeda presentó una serie de documentos en el Congreso con los que sostuvo que el presidente Abelardo de la Espriella mantiene presuntas relaciones comerciales con personas vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo, y que integrantes de ese entorno habrían resultado beneficiados por operaciones inmobiliarias, negocios societarios y decisiones relacionadas con la administración de tierras y recursos mineros. La exposición se realizó el martes 27 de octubre, durante el debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

A partir de escrituras públicas, certificados de tradición inmobiliaria, estados financieros y antecedentes judiciales, Cepeda sostuvo que los vínculos que atribuye al mandatario no se limitarían a su trayectoria como abogado defensor, sino que incluirían sociedades comerciales y adquisiciones de bienes con integrantes de familias señaladas por sus relaciones con estructuras criminales.

“Para decirlo con toda claridad, el señor Abelardo de la Espriella es socio comercial de un narcotraficante”, afirmó el senador al presentar los documentos relacionados con Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como alias ‘Comandante Barbie’, a quien identificó como narcotraficante y paramilitar vinculado al entorno de Jorge 40.

Nueva Jerusalén: la propiedad que conecta a De la Espriella con la familia Rodríguez Fuentes

Uno de los principales elementos de la exposición fue la hacienda Nueva Jerusalén, ubicada en el departamento del Cesar. Según los documentos presentados por Cepeda, el predio fue vendido a De la Espriella por una hermana de Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’.

El senador señaló que la propiedad está situada junto a terrenos vinculados a la explotación carbonífera de la multinacional Drummond, particularmente en el área de la mina El Descanso. A partir de esta ubicación, relacionó la adquisición con los intereses económicos que confluyen en esa zona, donde coinciden negocios de tierras, minería y propiedades sometidas a controversias judiciales.

Cepeda recordó que Rodríguez Fuentes habría construido su patrimonio mediante actividades de narcotráfico y estructuras paramilitares. Durante su intervención, mencionó que el señalado admitió ante un tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, su participación en lavado de activos al servicio de Jorge 40.

El congresista también se refirió a la existencia de una estructura empresarial que, según los documentos exhibidos, conecta al presidente con integrantes de la familia Rodríguez Fuentes. Entre las sociedades mencionó Dominio De la Espriella y Montejo Group.

De acuerdo con las cifras expuestas durante el debate, integrantes del entorno familiar de Rodríguez Fuentes tendrían participaciones en esas operaciones empresariales: una hermana de alias ‘Barbie’ aparecería con el 3 % de participación, sus hijastros con otro 1,5 % y Montejo Group con el 9 %. Cepeda presentó estos porcentajes como parte de los elementos que, a su juicio, evidencian relaciones comerciales entre De la Espriella y el círculo familiar del señalado narcotraficante.

El senador añadió que la firma de abogados del mandatario habría intervenido en acciones judiciales para defender intereses de empresas vinculadas a la familia Rodríguez Fuentes, entre ellas Carbones Oroya e Inversiones Rodríguez Fuentes. Para Cepeda, estos antecedentes refuerzan la tesis de que las relaciones entre ambos entornos no se agotan en la prestación de servicios jurídicos.

Otra operación inmobiliaria con Carlos Arturo Vega Pineda

Cepeda presentó un segundo caso relacionado con Carlos Arturo Vega Pineda, ganadero de Córdoba señalado de estar investigado por lavado de activos y vinculado, según el senador, con predios despojados a comunidades campesinas y afrodescendientes en Unguía, Chocó, durante la expansión de estructuras paramilitares asociadas a la Casa Castaño.

Según los documentos mencionados en el debate, en 2020 De la Espriella habría adquirido, mediante su firma Cosenza S. A. S., un inmueble en Montería procedente de Vega Pineda.

El congresista incorporó esta operación a su argumento sobre las relaciones económicas del mandatario con personas señaladas por presuntas actividades criminales. La adquisición, sostuvo, debe examinarse junto con la operación de Nueva Jerusalén y las sociedades en las que identificó participaciones del entorno de alias ‘Comandante Barbie’.

Con estos dos casos, Cepeda planteó que existen operaciones inmobiliarias y comerciales que deben ser investigadas para establecer la naturaleza y el alcance de los vínculos económicos del presidente con esas personas.

La historia de los bienes paramilitares y el papel de la Fundación Iniciativas para la Paz

La exposición también se remontó al proceso de desmovilización paramilitar y a la actuación profesional de De la Espriella durante esa etapa. Cepeda recordó la existencia de la Fundación Iniciativas para la Paz, entidad que, según su relato, fue creada para prestar asesoría jurídica a integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y buscar condiciones jurídicas favorables para ellos y para sus bienes.

Durante el debate, el senador reprodujo declaraciones atribuidas a Salvatore Mancuso sobre su relación con De la Espriella y con el exfiscal general Mario Iguarán. En ese testimonio, Mancuso describió una relación de amistad entre ambos abogados y mencionó la presencia de De la Espriella en la zona de Santa Fe de Ralito durante el proceso de negociación con los paramilitares.

Cepeda sostuvo que esa relación tuvo relevancia en las discusiones sobre el marco jurídico de la desmovilización y en las actuaciones posteriores relacionadas con los bienes de los grupos armados. En particular, señaló la designación de Joaquín Gutiérrez como asesor de Iguarán y la trayectoria de Diana Patricia Bravo, actual presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en la gestión de bienes asociados al narcotráfico y al paramilitarismo.

Según el senador, estas conexiones históricas tienen importancia en el contexto actual porque algunos de los funcionarios que intervienen en la administración de bienes incautados o destinados a la reparación de víctimas habrían tenido vínculos profesionales o comerciales con personas relacionadas con esos mismos activos.

La tesis de Cepeda es que las instituciones responsables de recuperar bienes, administrar activos y restituir tierras deben examinarse a la luz de esas relaciones, especialmente cuando las decisiones administrativas pueden afectar predios en litigio o propiedades destinadas a reparar a las víctimas del conflicto armado.

La Alquería, La América y Caja de Ahorros: tierras destinadas a reparar a las víctimas

Otro eje del debate fue la situación de tres predios rurales del Cesar: La Alquería, La América y Caja de Ahorros. Cepeda afirmó que estos terrenos fueron entregados por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, a través de Rodríguez Fuentes, para que hicieran parte de los mecanismos de reparación de las víctimas.

Según el senador, pese a los procedimientos de recuperación y a su destinación dentro de los procesos de reparación, alias ‘Comandante Barbie’ continuaría ejerciendo presiones sobre las comunidades campesinas que ocupan las tierras. Cepeda anunció que un representante de una de esas comunidades rendiría testimonio durante la sesión para exponer las situaciones que, según los campesinos, se presentan en los predios.

El debate también se conectó con las denuncias del exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, quien aseguró que existen amenazas y hostigamientos contra funcionarios y organizaciones campesinas vinculadas a la recuperación de terrenos relacionados con Rodríguez Fuentes.

Harman anunció que acudirá a la Fiscalía para solicitar que se investiguen las amenazas y que promoverá medidas de protección ante el sistema interamericano de derechos humanos. En su denuncia, relacionó las intimidaciones con las disputas por las tierras recuperadas y señaló que las comunidades beneficiarias se encontrarían bajo presión para abandonar los terrenos.

Para Cepeda, estos hechos se inscriben en una disputa más amplia por el control de la tierra y por las decisiones del Gobierno frente a los bienes que deben permanecer bajo administración estatal o destinarse a las víctimas y al campesinado.

Polonia: el predio relacionado con la familia del presidente

El senador también presentó documentos sobre el predio Polonia, ubicado en La Mojana sucreña, que, según afirmó, comprende terrenos asociados a ciénagas y bienes de uso público.

Durante la exposición, Cepeda sostuvo que el padre de Abelardo de la Espriella tendría bajo su poder un terreno baldío de la Nación y mostró una escritura en la que, según indicó, aparecen las firmas del padre y del propio presidente.

El congresista cuestionó la situación jurídica de la propiedad y planteó la necesidad de establecer si existe una ocupación irregular de bienes públicos. También pidió que se adelanten actuaciones para delimitar los terrenos y recuperar las áreas que correspondan al Estado.

En las solicitudes derivadas del debate, Cepeda planteó la recuperación de 60,9 hectáreas de ciénagas de uso público que, según su exposición, estarían cercadas dentro de la finca Polonia. El caso fue presentado como otro ejemplo de la relación entre la familia presidencial, la propiedad rural y los procedimientos que deben adelantar las autoridades agrarias.

La mina Walter y los negocios de oro en el sur de Bolívar

La minería aurífera en la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar, constituyó otro de los casos expuestos por Cepeda. El senador se refirió a la mina conocida como Walter, donde comunidades campesinas dedicadas a la extracción de oro habrían descubierto una veta que, según su relato, terminó bajo el control de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

Cepeda sostuvo que la firma de abogados De la Espriella Lawyers, por medio de Daniel Peñarredonda, habría intervenido en actuaciones jurídicas favorables a los intereses de una empresa minera que buscaba desplazar a los mineros campesinos de la zona.

En ese contexto, mencionó a Oliver Peñaranda, a quien relacionó con el despojo de los mineros del sur de Bolívar y con señalamientos sobre presuntos vínculos con el Clan del Golfo y lavado de activos. El senador afirmó que el Gobierno de De la Espriella le habría otorgado dos concesiones mineras a la empresa Gold Capital y mostró una resolución fechada el 4 de septiembre como soporte de su denuncia.

Cepeda relacionó este caso con su cuestionamiento a la política minera del Gobierno y sostuvo que las decisiones estatales estarían favoreciendo intereses empresariales en detrimento de comunidades rurales que han desarrollado actividades de subsistencia en esos territorios.

El caso de la mina Walter amplió el alcance de la denuncia: además de las operaciones inmobiliarias y las sociedades comerciales, el senador incluyó actuaciones jurídicas y concesiones mineras que, según su exposición, permitirían identificar conexiones entre personas señaladas por despojo, intereses económicos privados y decisiones de las autoridades.

Cepeda anuncia denuncias y remisión de documentos a Estados Unidos

Al concluir la presentación de los casos relacionados con De la Espriella, Cepeda anunció que llevará sus señalamientos ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el propósito de que se investigue al presidente por presunto concierto para delinquir y otras posibles conductas relacionadas con los hechos expuestos.

El senador afirmó que entregará la documentación a las autoridades de Estados Unidos y a integrantes del Partido Demócrata en el Congreso de ese país, debido a la ciudadanía estadounidense del mandatario y a la posibilidad de que algunos de los hechos puedan ser examinados por sus autoridades.

La exposición también incluyó cuestionamientos al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por presuntos conflictos de intereses y por decisiones relacionadas con la política de tierras. Cepeda anunció acciones penales y disciplinarias contra el funcionario, así como solicitudes de investigación sobre la actuación de responsables de entidades que administran bienes y adelantan procesos de restitución.

Entre las solicitudes planteadas durante el debate también figuran la revisión de la administración de activos de sociedades vinculadas a Rodríguez Fuentes, la investigación de posibles daños patrimoniales y la recuperación de terrenos que, según el senador, deberían permanecer bajo control estatal o destinarse a la reparación de las víctimas.

La conclusión política de Cepeda es que los casos expuestos revelarían una convergencia entre relaciones comerciales, propiedad rural, intereses mineros y decisiones institucionales que favorecería a sectores vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo. Con los documentos presentados, anunció que buscará que las autoridades nacionales y estadounidenses investiguen los negocios, las transacciones y las actuaciones administrativas señaladas durante el debate.