Convocan a paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella

El dirigente sindical Fabio Arias convocó a trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanía a participar en un paro nacional el próximo 19 de noviembre, en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo De la Espriella. La movilización busca cuestionar los cambios tributarios que, trasladarían una mayor carga económica a los hogares, los trabajadores y los sectores de ingresos medios, mientras se reducen impuestos para las grandes empresas y los capitales.

Uno de los principales motivos de la convocatoria es la modificación del IVA sobre productos de consumo cotidiano. El proyecto plantea cambios en los artículos 424 y 468-1 del Estatuto Tributario, además de modificar el listado de bienes exentos. La tarifa general del impuesto se mantendría en el 19 %, pero distintos alimentos que hoy están excluidos o gravados con una tarifa reducida pasarían a pagar esa tarifa.

Entre los productos afectados aparecen los fríjoles, las lentejas, los garbanzos, la sal y el maíz para consumo humano, que perderían su condición de bienes excluidos. También se propone eliminar la tarifa reducida del 5 % para productos como el café, el azúcar, los aceites vegetales, las pastas alimenticias y el chocolate de mesa. Estos pasarían a la tarifa general del 19 %, de acuerdo con el tratamiento previsto en el proyecto.

La modificación también alcanza a frutas y verduras que actualmente están excluidas, como tomate, cebolla, zanahoria, pepino, banano, plátano, aguacate, mango, uvas y otras frutas frescas. En el caso de los productos lácteos, el proyecto retiraría de la lista de bienes exentos el queso fresco, la cuajada y el requesón. Los cambios están previstos para entrar en vigor el primero de enero de 2028, si la iniciativa es aprobada.

El impacto no se limitaría al precio final de los alimentos. Los cambios tributarios también alcanzarían insumos agrícolas, semillas, fertilizantes y productos utilizados en la producción agropecuaria, lo que podría elevar los costos de producción y generar presiones adicionales sobre los precios de los alimentos. El alcance efectivo dependerá de la clasificación tributaria de cada producto y de la posibilidad de descontar el IVA pagado durante la cadena productiva.

Fabio Arias cuestionó que el Gobierno pretenda gravar productos de consumo básico y, al mismo tiempo, reducir la tarifa de renta para las empresas. En su convocatoria afirmó: “quiere ponerle impuestos a la comida del 19 %” y criticó también los cambios en las cotizaciones a salud y en el impuesto a las rentas de trabajo. El dirigente sostuvo que la iniciativa beneficia a los grandes patrimonios y convocó a la movilización del 19 de noviembre.

Arias también cuestionó las facultades extraordinarias solicitadas por el Gobierno para reorganizar entidades estatales y advirtió sobre posibles privatizaciones y afectaciones al empleo público. En su intervención mencionó una eventual pérdida de 700.000 puestos de trabajo, cifra que corresponde a su estimación y no a un número de despidos establecido expresamente en el proyecto.

La representante a la Cámara Ana Erazo respaldó la movilización como mecanismo de defensa de los derechos sociales y afirmó que la oposición utilizará tanto los escenarios institucionales como la protesta pacífica. “La protesta social es un derecho fundamental que nos deben garantizar desde los gobiernos”, señaló. También rechazó las afirmaciones que relacionan a quienes protestan con grupos armados y reivindicó su participación en la movilización social.

Por su parte, la representante Laura Daniela Beltrán cuestionó la distribución de las cargas tributarias y sostuvo que los cambios terminarían afectando a los sectores medios y bajos. Según afirmó, mientras se reducen las obligaciones de los grandes capitales, los hogares asumirían mayores costos a través de los impuestos al consumo y las modificaciones sobre las rentas laborales.

La convocatoria del 19 de noviembre se produce en medio de la discusión legislativa de la reforma, que todavía puede sufrir modificaciones durante su trámite en el Congreso. El debate enfrenta dos asuntos centrales: la necesidad de ingresos fiscales que plantea el Gobierno y los efectos que tendría la propuesta sobre el costo de vida, el poder adquisitivo de los trabajadores y la distribución de las cargas tributarias.